No era el chico modelo del pueblo.
Pero conocía muy bien al chico modelo
y le detestaba
Las aventuras de Tom Sawyer
Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez
El cambio climático y la escasez de agua son temas que escuchamos cada vez con mayor frecuencia. Hacia allá vamos a nivel mundial, mientras que en la geografía de nuestro territorio hay lugares donde el suministro llega por tandeo y otros donde las inundaciones hacen estragos. El agua es indispensable para vivir, qué decir de las grandes ciudades, con su crecimiento indiscriminado. En Jalisco, la mala calidad del agua ya es motivo de protestas que van en aumento.
La semana pasada se vivió una de las marchas más numerosas para protestar contra la autoridad y mostrar la indignación ciudadana. La movilización terminó en enfrentamientos con la policía estatal, cuya actuación fue cuestionada. Se trata de un derecho elemental: abrir la llave y que salga agua limpia, sin contaminantes y con buen chorro. A los gobiernos se les paga para que garanticen servicios de calidad, no para que las familias reciban agua contaminada y pestilente. Aquí, en la Ciudad de México, tenemos ejemplos de muchos años; ahí está Iztapalapa, que gobernó durante años Clara Brugada.
El problema no es nuevo, pero la paciencia se agota. De acuerdo con reportes periodísticos, la mala calidad del suministro afecta a más de 600 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Se imagina usted tomar un vaso de ese líquido o lavar la ropa con él? Un trabajador del gobierno local me comenta que el problema se debe a la vieja infraestructura y a la falta de inversión. La falta de mantenimiento y la contaminación de las fuentes de abastecimiento forman parte de una crisis que lleva años acumulándose y que los administradores públicos conocen.
¿En qué momento se volvió normal que una familia tenga que preguntarse si el agua que sale de su llave es segura? ¿Quién responde por la salud de quienes la utilizan para cocinar, bañarse o lavar sus alimentos? ¿Y luego, si hay enfermedades, vamos al IMSS?
Ahí quedaron las imágenes de una policía violenta. Las redes sociales están inundadas de videos de lo ocurrido el 11 de octubre, y los hechos volvieron a generar tensión el domingo pasado. El tema llegó a Palacio Nacional en un momento en que también enfrentaban las presiones de trabajadores del IMSS. En esas protestas hubo algunos empujones, pero no se llegó a ninguna detención. Así, lo sucedido en Guadalajara le permitió a la presidenta Claudia Sheinbaum contrastar la actuación de su gobierno con la del gobernador Pablo Lemus, quien tuvo que salir a disculparse. A Lemus le colgaron la etiqueta de intolerante.
Pero aquí hay dos problemas que no deben confundirse. Uno es garantizar el derecho a manifestarse sin represión ni abusos en cualquier territorio de México, porque es un mandato constitucional; el otro, resolver una crisis de agua que afecta cotidianamente a miles de familias que ya no aguantan más. Ambos requieren respuestas concretas, no solamente declaraciones y mucho menos enfrentamientos.
Las protestas son legítimas y no se han detenido. Una nueva movilización en Guadalajara volvió a exigir agua limpia y justicia por los hechos anteriores, en medio de nuevos episodios de tensión. Pero el asunto no quedó ahí: también hubo grupos que se manifestaron afuera de Palacio Nacional para pedir la intervención de la Federación y una solución al problema.
Lemus tiene la responsabilidad de explicar qué ocurre con el suministro, qué medidas inmediatas se tomarán y qué pasó durante los operativos policiales. Sheinbaum, por su parte, debe traducir la disposición federal de ayudar en acuerdos, recursos y acciones verificables.
La presión ahí está. Los ciudadanos ya hicieron su parte: protestar y exigir respuestas. Ahora falta que los gobiernos dejen de administrar la crisis y comiencen a resolverla, aunque el más dañado es el gobierno de Jalisco… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.
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